El importe otorgado por la Ley Ovina para San Luis es escaso, en virtud del potencial que la provincia muestra. Es por ello que  repartir los fondos para fomentar la producción ovina y caprina será todo un desafío para las unidades ejecutoras provinciales (UEP).

Para el 2019, los montos que la Nación destinó para San Luis para otorgar los beneficios de las leyes 25.422 y 26.141, son escasos y ya esta abierto el periodo de presentaciones, el cual finaliza el 14 de mayo.

Sobre esos puntos clave giró la reunión que mantuvieron los organismos que ejercen en San Luis como autoridad de aplicación de ambas normativas nacionales. Las comisiones están presididas por el Ministerio de Producción, y también las integran representantes del INTA, de Senasa, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, de cuatro asociaciones de productores y una coordinadora administrativa.

Para estimular la cría y comercialización de cabras, la provincia contará con apenas $618.000. Por lo que la UEP caprina ya tomó una primera resolución: "Solo vamos a recibir propuestas de asociaciones formalizadas y no de personas físicas, y vamos a otorgarle los fondos a proyectos que soliciten aportes no reintegrables”, explicó Juan Pablo Rey, jefe del Área de Sanidad Animal de la Provincia.

Los criadores de ovejas tendrán acceso a un monto un poco más grande, que ascenderá a $2.616.965. En este caso, permitirán que se presenten productores individuales, además de las sociedades, con aportes que serán reintegrables sin intereses y con un período de dos años de gracia.

De todos modos, en ambas organizaciones primará un mismo criterio: le darán prioridad a aquellas propuestas que tengan una influencia más significativa en el presente y futuro de la actividad. Es decir, que "puede pasar que se aprueben menos proyectos pero con un alto impacto en la producción, o que un mismo trabajo beneficie a varios productores, en vez de repartir entre muchos proyectos pequeños y que se termine diluyendo, como hicimos otros años", afirmó el presidente de ambas UEP, Juan Manuel Celi Preti, quien también se desempeña como jefe del subprograma de Producción Pecuaria.

Lo que buscan, en definitiva, es que ante la insuficiencia de los fondos nacionales, los beneficios de ambas leyes se concentren en emprendimientos que fortalezcan este tipo de ganadería y su cadena de comercialización en la provincia. Sobre todo porque hay una intención del gobierno provincial de mejorar los canales de venta de estas carnes, el mayor cuello de botella que impide el despegue del sector.

Sin embargo, todo eso lo evaluarán y lo definirán las UEP cuando tengan todas las carpetas. Por ello, si los productores quieren recibir los beneficios de estas leyes, deben tener el aval de un formulador, que debe ser un veterinario o ingeniero agrónomo matriculado en su respectivo colegio de profesionales.

El plazo finaliza el 14 de mayo, porque el 28 de junio la UEP ya debe haber evaluado y seleccionado los proyectos aprobados para presentarlos a la Nación, donde serán nuevamente examinados antes de enviar los fondos.